Asociaciones del Foro Permanente de Discapacidad de diversas provincias expresaron preocupación este viernes por la crisis que enfrenta el sector y las familias debido al retraso de 120 días en el pago o la falta de pago de los aranceles de servicios básicos, o la disparidad en los aranceles, lo que deja a más de 200.000 familias con miembros con discapacidad sin acceso a sus tratamientos debido al anuncio de cierre de algunas instituciones y la suspensión del transporte a partir de este mes.

«Queremos informar sobre la seria situación que enfrentan los servicios de atención a más de 200.000 personas con discapacidad debido al atraso en los pagos arancelarios que, hasta diciembre de 2023, acumula un desfase de 100 puntos» debido a «la falta de actualización por parte del Estado Nacional a través del directorio del Sistema Único dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad», destacó esta mañana en una conferencia de prensa Eduardo Maidana, portavoz del Foro.

Desde la sede de una de las entidades que forman parte del Foro, la Asociación de Centros Educativos Privados Especiales Argentinos (Acepea), Maidana explicó que aunque hay un conjunto de obras sociales que abonan los aranceles en el plazo establecido, a los 60 días, «casi la mitad, tarda 120 días o efectúa un pago parcial, y otras simplemente no pagan y retienen el dinero».

El portavoz señaló que durante 2023, los aranceles aumentaron en «un 120,8% mientras que la inflación fue del 211%. Es relevante destacar que el sistema único, establecido en la Ley 24.901 de prestaciones básicas para personas con discapacidad, remunera los servicios prestados a través de los entes obligados, en un plazo de entre 60 y 90 días después de la prestación del servicio».

Con la contraparte de una devaluación «del 118%» y un incremento del costo de combustible «del 215%, resulta prácticamente imposible cubrir los gastos operativos. Como consecuencia inicial, se han suspendido desde el 1 de enero los traslados de personas con discapacidad, dado que los transportistas no disponen de los recursos para sufragar los costos diarios de combustible, repuestos y otros insumos necesarios para poner en marcha los vehículos, lo que implica que las personas con discapacidad, en la actualidad, no puedan acceder a la atención necesaria».

En una situación similar se hallan otros servicios como residencias, centros de atención diurna, instituciones educativas especializadas, escuelas, hogares, programas de rehabilitación y terapia temprana, entre otros, que también «se ven imposibilitados de continuar cubriendo los gastos operativos, lo que resulta en una interrupción involuntaria de los servicios a partir del próximo mes debido a la escasez de recursos».

Tras convocar a una Jornada Nacional para Sensibilizar sobre la Emergencia en Discapacidad – programada para el 31 de este mes -, las organizaciones detallaron las necesidades del sector que serán presentadas al presidente Javier Milei a través de una petición y eventos que se llevarán a cabo en todas las provincias.

«Estamos solicitando al gobierno nacional una respuesta inmediata a esta problemática, que incluya un aumento del 100% en los aranceles retroactivo al mes de diciembre de 2023, un incremento del 80% en el precio del litro de combustible para el transporte, el pago dentro de los treinta días posteriores a la prestación del servicio y un mecanismo de ajuste mensual de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor», subrayó Maidana.

Si no se atiende esta solicitud, «las personas con discapacidad experimentarán la interrupción del servicio con todas las consecuencias que esto conlleva en su vida diaria». El cierre de instituciones a corto plazo afectará a más de 100,000 puestos de trabajo que también se verán perjudicados.

Pablo Bolego, vicepresidente de la Federación Argentina de Transporte para Personas con Discapacidad, destacó que es «esencial dejar claro que queremos colaborar y no obstaculizar la gestión; sin embargo, me informan que el servicio de transporte no está operativo en algunas provincias debido a la imposibilidad de cubrir los gastos».

«Los transportistas y las instituciones mantuvimos una reunión con el subdirector de la Andis y nos solicitó tiempo, pero la situación no está bajo nuestro control. Los transportistas carecen de recursos para adquirir combustible. La precarización y el deterioro son evidentes», declaro Bolego.