«El compromiso con el INADI no solo constituye nuestra labor; también encarna tus derechos», afirma una de las piezas de propaganda de la campaña respaldada por los colaboradores del INADI, en un entorno que describen como lleno de «inquietud, tanto por la preservación de empleos como por la esencia misma del organismo, y lo que su desaparición implicaría».

La semana pasada, intensificaron este estado de alerta al revelarse los detalles del denominado proyecto de ley Ómnibus, destinado a la reestructuración de la administración pública y remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional. Este proyecto incluye, entre muchos otros aspectos que configuran un plan de ajuste, privatización y desmantelamiento de lo público, la supresión del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. En el artículo 348 del apartado de Justicia, el Poder Ejecutivo propone la derogación de la Ley 24.515, que estableció la creación del INADI como entidad descentralizada.

Hoy se llevó a cabo una reunión con el Ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona y el Secretario de Derechos Humanos Alberto Baños. Participaron en representación de los trabajadores del Estado Daniel Catalano, Secretario General de ATE Capital, Rubén López (ATE Capital) y Paola Pendrondici, Secretaria General de la Junta Interna de ATE Justicia, junto con la Secretaria Adjunta Ana González Reherman. El tema central de la reunión fue el presente y futuro del INADI, ya que este organismo se encuentra amenazado directamente de derogación en el Congreso, con el proyecto programado para ser tratado el 25 de enero.

«De acuerdo con las declaraciones públicas de Cuneo Libarona y la información formal proporcionada por nuestra representación gremial sobre la reunión, el Gobierno reafirmó su decisión de que, en caso de que la derogación no avance, el INADI pasaría a formar parte de la Secretaría de Derechos Humanos en una versión reducida. Perdería su autonomía y gran parte de sus funciones, lo que implica una reducción en su estructura y funcionalidad, así como en su capacidad para implementar políticas públicas antidiscriminatorias», expresó Cristina Pérez, delegada de ATE, del INADI e integrante de la junta interna de ese sindicato del Ministerio de Justicia. Pérez también señaló que hasta el momento no ha habido designación ni contacto directo por parte de la nueva gestión con el INADI, lo que evidencia un menosprecio hacia un organismo que es referente a nivel regional e internacional en materia antidiscriminatoria.

Desde los gremios sostienen, al igual que lo ha expresado el Gobierno en varias ocasiones, que la intención de la cartera de Cuneo Libarona, más allá de la aprobación del proyecto Ómnibus, es reducir el INADI, eliminando su diseño federal y debilitando las políticas públicas que lleva a cabo. «Quieren despojarlo de contenido y degradarlo a la simple recepción de denuncias en una estructura centralizada, no federal, lo que tendría un impacto en la comunidad y en aquellos que encarnan esas políticas públicas».

El INADI es una entidad encargada de garantizar el cumplimiento de la legislación contra la discriminación, la cual fue aprobada de manera unánime en 1988 durante la presidencia de Raúl Alfonsin. Respaldado por normativas internacionales, se estableció en 1995 con el propósito de impulsar políticas públicas y, a largo plazo, fomentar cambios culturales en contra del racismo, la xenofobia y la discriminación. Surgió como parte de la respuesta estatal tras los ataques a la Embajada de Israel y la AMIA.

En la estructura de su dirección participan organizaciones de la sociedad civil y mantiene una constante colaboración con entidades que representan a comunidades históricamente marginadas, como personas con discapacidad, afrodescendientes, grupos de la diversidad sexual y personas privadas de su libertad.

En 2005, se promulgó por decreto en Argentina un Plan Nacional Contra la Discriminación, elaborado por sectores sociales, académicos y políticos, en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos y el INADI. Así, la lucha contra la discriminación se convirtió en una política estatal, dando lugar a debates legislativos que trascendieron las previsiones iniciales del propio plan. Por ejemplo, el plan abogaba por la unión civil en lugar del matrimonio igualitario.

Entre sus metas se encuentran la formulación de políticas nacionales, la creación de campañas educativas, la centralización de denuncias por conductas discriminatorias y el mantenimiento de un registro de estas denuncias. Asimismo, brinda asesoramiento a grupos o sectores discriminados, proporciona representación legal gratuita en procedimientos judiciales o administrativos relacionados y ofrece asesoramiento técnico especializado a tribunales y al Ministerio Público. Además, lleva a cabo capacitaciones y actividades en el terreno a nivel nacional, en colaboración con los gobiernos provinciales y municipales.

La modificación de 1994 elevó a nivel constitucional (artículo 75) diversos acuerdos internacionales destinados a proteger los derechos humanos, incluyendo la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (ahora con estatus constitucional) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también con categoría constitucional). Según reiteradas afirmaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estas convenciones prevalecen sobre otros tratados internacionales y por encima de la legislación nacional o provincial.

¿Sería, entonces, factible eliminar de manera tan sencilla al organismo encargado de salvaguardar dichas convenciones, respaldado como está por normativas internacionales? Desde la perspectiva sindical, la respuesta es negativa: incluso en un escenario donde se aprobara su derogación, integrada en el extenso proyecto omnibus, debido al estatus constitucional de los tratados internacionales a los cuales responde el Instituto, no sería tan fácil extinguirlo.

Según la visión de Cristina Pérez, las motivaciones deben buscarse en un golpe simbólico: «Es de naturaleza ideológica y busca consolidar a su electorado desde una perspectiva antiderechos, con una reducción del Estado y abandonando a quienes, bajo su protección, han logrado reconocimiento y una calidad de vida mejor. Por lo tanto, el objetivo principal y lo que buscan es lo simbólico, afectar todo lo que representa el INADI».

“Somos alrededor de 400 personas desempeñándonos en delegaciones en todo el país, donde no solo se reciben denuncias y se brinda asesoramiento, sino que también se colabora con los gobiernos locales. Se lleva a cabo trabajo territorial, capacitaciones y se diseñan campañas de acuerdo con las características y necesidades de cada región. El INADI realiza un trabajo esencial en toda Argentina que está siendo ignorado, no solo por el Ministro de Justicia, sino por todo el espectro político que está en el poder”, concluye Pérez.