Son numerosos, en gran cantidad. Son individuos que deben renovar el contrato de arrendamiento a corto o mediano plazo. Y con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, quedaron en total desamparo. Aunque el decreto aún no está en vigor, en la práctica la Ley de Alquileres ya no se aplica. El «acuerdo entre partes» tiene a una sola de ellas en posición de poder: cada propietario o agencia inmobiliaria impone ahora sus propias normas y condiciones. Por un apartamento de tres ambientes, ya se solicita un valor de 500,000 pesos mensuales. Además, existen propuestas para contratar por dos meses «y luego discutir». Los arrendatarios, por otro lado, se encuentran en situaciones extremas. Algunos optan por regresar con sus padres, mudarse con los suegros —junto con hijos y cónyuge—, compartir con amigos más o menos cercanos o incluso desconocidos, e incluso consideran la posibilidad de mudarse a un geriátrico a pesar de poder valerse por sí mismos. Algunos llegan a decir «o debajo de un puente». Se anticipan situaciones de incumplimiento de pagos y juicios de desalojo, según advierten los abogados especializados en el área, como resultado de esta desregulación desenfrenada. «Estamos frente a una situación de catástrofe nunca antes vista en Argentina», alertan.

Natalia Soraire, residente en Salta y referente de la Asociación de Inquilinos de esa provincia, comparte su experiencia. Tiene una hija en la escuela primaria y un empleo informal. Tras perder su trabajo formal durante la pandemia, ya no pudo encontrar otro lugar de alquiler y fue desalojada, llevándola a vivir en la calle con su hija hasta un asentamiento donde se unieron 1800 personas en busca de un techo. Comenzó a abogar por la Ley de Alquileres y la Defensoría de Inquilinos que crearon. Sin embargo, no pudo alquilar un lugar en condiciones legales. Actualmente, vive en una habitación sin gas natural, y la dueña no se hace responsable de nada. Ha experimentado un aumento en el alquiler de 7500 a 35,000 pesos, y ahora le están pidiendo 180,000, con la intención de que se vayan. La situación es similar en todo el país, con la desesperación y la consulta constante a las agrupaciones de inquilinos.

Desde Córdoba, el jurista Maximiliano Vittar, líder de la Agrupación Nacional de Inquilinos, caracteriza el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) como una medida de extrema gravedad «porque obliga al arrendatario a negociar en una situación de aparente igualdad». Y lo empuja «directamente a la calle, víctima de la voracidad del mercado inmobiliario», que concede todo el poder a quienes ya lo ostentan: los dueños y las agencias inmobiliarias.

Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, afirma: «Esto va a ser una catástrofe». La renovación se convierte en una extravagancia a partir del DNU que se implementaría el 28 de diciembre. La situación habitacional se vuelve precaria y queda desprotegida la gran cantidad de inquilinos en la patria: alrededor de 9 o 10 millones de personas. El mercado de alquileres en Argentina se sumerge en arenas movedizas, alejándose de la proclamada estabilidad.

La desregulación del DNU convierte en «un acuerdo entre partes» todos los aspectos del contrato: desde la duración hasta la moneda, ya sea en pesos, dólares, reales o bitcoins. Incluso se ha propuesto, con ironía, intercambiar por carnes o vinos. Los inquilinos saben que, con estas condiciones, el mercado habitacional entra en crisis.

Muchos no podrán afrontar lo que les piden y muchos temen quedarse sin un lugar donde vivir. Por ejemplo, por un «tres ambientes» en CABA se solicitaban 200,000 pesos. Ahora piden 350,000 y solo por seis meses, según explica Tamara Lescano, inquilina y abogada de Inquilinos Agrupados de CABA. Otro caso más extremo: una mujer que pagaba 52,000 pesos por un «tres ambientes» ahora le piden 500,000. Al negarse, le preguntaron: «¿Hasta dónde puedes llegar?». Ella dijo 250,000. Los propietarios y la inmobiliaria aceptaron, pero solo por dos meses. Después volverán «a conversar».

La renovación del contrato al final del año incluye niveles de angustia nunca antes vistos entre quienes alquilan vivienda en Argentina. Alquilar se convierte en algo imposible para millones de personas, lo que desencadena una crisis económica y emocional. Pasar de vivir en un «tres ambientes» con todo legal a considerar la posibilidad de un lugar bajo la autopista solo se debe a este DNU, que conlleva, entre otros infortunios, la derogación de la Ley de Alquileres. «La dueña pidió más del doble de mi sueldo y la inmobiliaria no dice ni mu», cuenta una víctima de la nueva realidad que ya visualiza la situación venidera.

Los inquilinos que deben renovar en el corto plazo buscan soluciones que generan más angustia que alivio: consideran volver con sus padres o compartir con otras familias. «Pero lo difícil que es, te la regalo, más con chicos», comenta Marta, una enfermera jubilada «con la mínima», que hace tres años vive sola en Córdoba capital. Marta contempla la opción de ingresar a un geriátrico «aunque soy totalmente autoválida y tengo apenas 68 años, pero no puedo pagar el alquiler», explica.

Inti se angustia tanto que «ni siquiera puedo ponerle palabras a lo que siento», dice. Vive en La Plata, estudia informática, trabaja en una empresa del rubro y alquila. Ante el aumento de 140 a 220 mil pesos que le solicitan, la opción más cercana es «construir una habitación en un lote que tienen unos amigos en Ranelagh, pero con el aumento del transporte no sé si me conviene, trabajo en el centro. Pero lo que ahora puedo pagar, que es el 60 por ciento de mi sueldo, si me aumentan no voy a poder».

En febrero le toca renovar a Inti. «Ya estoy poniendo todo en cajas y buscando casa, pero me gustaría quedarme acá. Además, la gente percibe como algo bueno que saquen la ley y me entristece, porque es un sentido común que viene de los medios y no hay resistencia por el peso mediático que tiene, pero no es real. Eso me quita un poco la esperanza, no sé qué sucederá», insiste.

El resguardo de estar «bajo techo» se desmorona en un panorama donde la incertidumbre y la angustia dominan la vida cotidiana. Los inquilinos, una categoría poblacional que ahora observa el futuro al borde del abismo, se desestabilizan frente a los nuevos precios de alquileres. Además, la desregulación libera el «acuerdo o contrato» de las formalidades de «acuerdo entre partes», afectando montos, moneda y plazos.

Los montos son tan elevados que la mayoría de las personas que alquilan hoy deben tomar decisiones extremas por un alquiler, explica la abogada Tamara Lescano. Porque el análisis del DNU establece que toda la defensa recae sobre los propietarios y las inmobiliarias. Nada protege al inquilino, señala.

Desde pasar a un geriátrico hasta un asentamiento: lo que depara el futuro. Para Marta, que reside en Córdoba, el hecho de «ser millones de ciudadanos que necesitamos un alquiler debería tener un poco de peso ante el mercado que se ha vuelto drásticamente cruel. Mi contrato vence en mayo y la incertidumbre que tengo es total, porque hace meses hablan de derogar la ley, pero lo que nos mató fue la inflación. Con la inflación de un país normal no hubiera pasado nada, acá pasó de todo, incluso Milei», sostiene. «Y lo que piden por una casa hoy nadie lo gana», advierte.

José está «con el corazón en la boca», dice. Empleado municipal en Córdoba, alquila desde hace 18 años: «Mi situación es una más, con esta incertidumbre. Vivo solo, alquilo y se me terminó el contrato en noviembre que era de tres años. Quise renovar, pero me exigieron actualizar el monto, y un acuerdo por 6 meses, siendo que la ley está vigente. Lo tuve que aceptar porque me esta pasando.