Ningún representante del gobierno entrante se ha comunicado con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para llevar a cabo el proceso de transición. Aunque se anticipa que esta cartera será eliminada, sus políticas públicas deberían integrarse en otras áreas. Desde el Consejo Federal del Ministerio, compuesto por representantes de 24 jurisdicciones del país, y el Consejo Asesor Ad Honorem del Ministerio, conformado por reconocidas expertas en la materia, han expresado su posición en un documento conjunto. En dicho documento, advierten que «en los 40 años de democracia ininterrumpida en el país, todos los gobiernos han implementado políticas de género para promover la igualdad y abordar y prevenir las violencias basadas en el género, en cumplimiento de leyes nacionales y compromisos internacionales de rango constitucional asumidos por el Estado Argentino».

Aunque el presidente electo, Javier Milei, niegue la existencia de violencia y desigualdad basada en el género, el documento le responde que se trata de «un problema estructural en todo el mundo».

Entre las miembros de este órgano asesor se encuentran la abogada Nelly Minyersky, especialista en Derecho de Familia; la doctora en Psicología y fundadora de la cátedra de «Introducción a los estudios de género» de la Facultad de Psicología de la UBA, Ana María Fernández; la primera titular del entonces Consejo Nacional de la Mujer, creado en 1992, y directora del Observatorio de Género y Pobreza con sede en la Universidad Nacional de San Martín, Virginia Franganillo; la socióloga y doctora en ciencias sociales Eleonor Faur; la doctora en Filosofía Diana Maffía; y la abogada y directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi, son algunas de las integrantes de ese órgano asesor.

«Es fundamental contar con un Ministerio para llevar a cabo los avances legislativos y promover otros nuevos», afirmaron.

En el comunicado se resalta que:

· Según los resultados de la encuesta de prevalencia e incidencia de violencia, 1 de cada 2 mujeres experimenta alguna forma de violencia en el entorno doméstico.

· Cada año, se registran más de 500,000 denuncias en comisarías de todo el país por violencia de género e intrafamiliar.

· Es la causa principal de muertes violentas de mujeres: 2 de cada 3 mujeres asesinadas en Argentina lo son por motivos de género.

«La respuesta a esta problemática no debe recaer exclusivamente en el sistema de justicia. Se requieren políticas integrales que aborden la prevención, el fortalecimiento de la autonomía económica, el apoyo psicosocial a las víctimas de violencia y sus familiares, el acceso a la justicia y la reparación», alertan las expertas ante la inminente eliminación del Ministerio, establecido en 2019 durante la presidencia de Alberto Fernández.

Como se informó previamente, en la plataforma de La Libertad Avanza se vuelve a situar el problema de la violencia por razones de género dentro del ámbito de la «Seguridad Nacional», es decir, una propuesta que se centra únicamente en la atención de la emergencia, en el mejor de los casos, sin abordar además la modificación de las condiciones estructurales que afectan a las personas, principalmente mujeres, que sufren violencia machista.

Este jueves marca el último día en funciones de la ministra Ayelén Mazzina y de las secretarias y subsecretarias, es decir, las máximas autoridades de la cartera finalizan su gestión. Según se ha informado, la transición estará a cargo de directoras y subdirectoras, es decir, funcionarias de tercera y cuarta línea.

¿Qué sucederá con la Línea 144? Es una política que se ha consolidado —este año cumplió diez años— y ha sobrevivido a dos cambios de gobierno. Nunca ha dejado de funcionar y es fundamental para proporcionar, las 24 horas del día, los 365 días del año, información, asesoramiento y apoyo a mujeres y otras personas que enfrentan situaciones de violencia por razones de género, así como a sus familiares o amigos. En promedio, recibe alrededor de 340 comunicaciones diarias. Desde septiembre, además, brinda respuesta en cinco lenguas indígenas, en cinco idiomas extranjeros y, a través de videollamadas, a personas sordas e hipoacúsicas. Sus 120 operadoras seguirán atendiendo en turnos rotativos. El funcionamiento de la línea gratuita 144 está establecido en la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, aprobada por el Congreso en 2009.

Miembros del Consejo Federal y del Consejo Asesor del Ministerio resaltaron la importancia de «trabajar en políticas de Estado que aborden la desigualdad estructural que sustenta la violencia por razones de género». Además, proporcionaron datos específicos para ilustrar la magnitud del problema:

· Las mujeres destinan el doble de tiempo que los hombres a labores de cuidado.

· Una de cada 2 mujeres en edad laboral está excluida del mercado laboral formal.

· En Argentina, hay 1.600.000 mujeres que crían solas a 3 millones de niños y niñas.

«Es fundamental mantener políticas públicas destinadas a reducir las brechas de desigualdad en términos de participación económica, representación política, acceso a la educación, a la salud y a la justicia; garantizar vidas libres de violencia es una urgencia», señalaron las expertas.

Uno de los programas clave de esta gestión ha sido el Programa Acompañar, mediante el cual mujeres y personas diversas en situación de violencia de género reciben el equivalente al salario mínimo vital y móvil durante seis meses para ayudarlas a mantener una autonomía económica que les permita salir de relaciones abusivas.

Desde su implementación, el Programa Acompañar ha brindado apoyo económico y psicosocial a 352,385 mujeres y personas LGTBI+ en situación de violencia de género, según informó el Ministerio. Se han establecido 859 unidades de acompañamiento en todo el país, y hasta octubre de 2023, 48,195 personas estaban participando en el programa. Esta política federal permite a provincias y municipios ofrecer una respuesta concreta a la violencia.

Algunos de los tratados internacionales que obligan al Estado argentino a abordar la violencia y la desigualdad por razones de género incluyen la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (conocida como Belém Do Pará) y la Convención para la eliminación de la discriminación contra las mujeres (CEDAW). A nivel nacional, se destacan la Ley 26.485 de Prevención, Sanción y Erradicación de las Violencias hacia las Mujeres, la Ley 27.499 para la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes (Ley Micaela), la Ley 26.743 de Identidad de Género, la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero, entre otras normativas.

«Es esencial continuar construyendo igualdad con una perspectiva federal», enfatizaron desde los consejos Federal y Asesor del Ministerio. «La convivencia democrática solo es posible en una sociedad sin miedo y sin violencia, donde las mujeres y las personas LGBTIQ+ puedan alcanzar igualdad de trato y oportunidades para vivir en libertad», concluyeron.