El gobierno oficializó en el día de hoy la reglamentación de la ley que contempla la toma de posesión del establecimiento donde operaba el club República Cromañón. A casi dos décadas del trágico suceso que cobró la vida de 194 personas, y un año después de la aprobación de la legislación en el Congreso, el presidente Alberto Fernández instruyó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para llevar a cabo la conversión del inmueble aún bajo la responsabilidad de Rafael Levy, uno de los individuos condenados por los hechos. Tanto la ley como el decreto reglamentario proyectan la creación de un espacio conmemorativo en la ubicación, una demanda de larga data por parte de los supervivientes y los familiares de las víctimas.

La publicación oficial del decreto tuvo lugar hoy en el Boletín Oficial (BO) de la Nación, siendo firmado por Tristán Bauer, ministro de Cultura, Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, Agustín Rossi, jefe de Gabinete, además del presidente. El contenido del decreto se compone de diez cláusulas que, en primera instancia, encomiendan al Ministerio de Justicia la ejecución de la expropiación y la «realización inmediata del uso» de las propiedades ubicadas en Bartolomé Mitre 3038/78 y Jean Jaures 51, situadas a solo una manzana de la estación Once, en el barrio de Balvanera. Esta decisión se suma a la declaración otorgada a principios de noviembre, cuando el Ejecutivo asignó a los inmuebles la categoría de Monumento Histórico Nacional.

«La normativa establece quién será el sujeto encargado de la expropiación, cuál será la entidad encargada de la aplicación, cuáles son sus responsabilidades, y, sobre todo, que la utilización de los inmuebles debe llevarse a cabo desde este momento. Buscábamos que Levy abandonara el lugar, y sin la reglamentación, eran solo palabras», subrayó Silvia Bignami, miembro del Movimiento Cromañón. Bignami, madre de Julián Rozengardt, una de las víctimas de la masacre, afirmó que «tenemos el derecho de sentirnos satisfechos durante los primeros cinco minutos que nos corresponden, y en el sexto, continuaremos nuestra lucha».

La promulgación del decreto se materializa más de un año después de que, a finales de octubre del año anterior, el Senado otorgara la aprobación final al proyecto de expropiación y establecimiento del espacio promovido por las organizaciones de familias y sobrevivientes agrupados en una coordinadora por la memoria. Desde entonces, han venido solicitando la reglamentación de la ley para recuperar el espacio, que en 2018 fue devuelto a Levy por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Nº24. El empresario propietario de Cromañón aquel 30 de diciembre de 2004 fue condenado en 2014 a cuatro años y medio de prisión por el delito de «incendio culposo calificado».

Ahora, el Artículo N°4 del decreto reglamentario encomienda a la Secretaría de Derechos Humanos la instauración de una «comisión encargada de la gestión del espacio dedicado a la memoria». Dicha comisión administrativa estará compuesta por siete miembros: dos representantes de la Secretaría, que asumirán la presidencia, otros dos delegados del Ministerio de Cultura, incluyendo uno de la Comisión Nacional de Monumentos, y tres voceros de las familias y supervivientes, seleccionados de un consejo con funciones específicas. Según el decreto, la comisión deberá constituirse en un plazo de treinta días corridos a partir de este viernes.

La distribución de integrantes en la comisión fue el punto objeto de controversia por parte de las organizaciones, que se sintieron en «desventaja» frente a los miembros del Estado que, a través de la presidencia, tendrán el derecho a la decisión final en caso de empate en las votaciones realizadas por los otros seis miembros. «Hemos debatido considerablemente para obtener un papel más destacado en la comisión; consideramos que correspondía una distribución de cuatro y cuatro o de cuatro y tres, con el derecho a veto, pero no fue así», advirtió Bignami.

Este asunto adquiere mayor relevancia al tener en cuenta que, a partir del 10 de diciembre, la composición de la comisión estará en manos de las nuevas autoridades tras el cambio presidencial. Con Javier Milei y Victoria Villarruel al mando, se presenta un escenario que, según señalan las organizaciones, parece «muy complejo para cualquier lucha en defensa de los derechos humanos». A pesar de ello, Bignami subrayó que «la lucha continuará, y esta medida nos brinda cierta protección, algo que es mejor que no tener ninguna».

«Nosotros, que siempre hemos participado en el proceso de expropiación, comprendemos que debemos cuestionar al gobierno en turno. Ahora contamos con la ley reglamentada en nuestras manos, la cual establece pasos específicos a seguir: esto es una responsabilidad del Estado, independientemente del gobierno de turno», enfatizó la miembro del Movimiento Cromañón. «Continuaremos nuestra lucha por la memoria de los jóvenes. Ahora comienza diciembre, un mes difícil para nosotros, por lo que solicitamos el respaldo y la compañía para el próximo 30. Creemos que este diciembre, más que nunca, cualquier persona que defienda la memoria, la verdad y la justicia debe estar en la calle», añadió.

Otro de los aspectos resaltados por las organizaciones es el especificado en el Artículo N°6, que, sin intermediarios, ordena directamente al Tribunal de Tasaciones de la Nación fijar de inmediato el valor de la expropiación. El decreto también establece las facultades y atribuciones del Consejo de las Víctimas y Familiares, quienes, además de elegir a sus representantes en la comisión administrativa, podrán participar en las decisiones sobre los usos específicos del espacio, el plan de revitalización de los inmuebles y los contenidos a exhibir, así como en el plan de actividades, programas y acciones de difusión, entre otros puntos.