Más del 15 por ciento de los espacios en el Parque Sarmiento están bajo concesión por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Además de las áreas gestionadas por Locura Deportiva S.A, la firma de Sebastián Battaglia, el parque cuenta con concesiones para clubes dedicados al rugby, tenis y ciclismo. La concesión más extensa, abarcando 6.5 hectáreas, corresponde al club de rugby Belgrano Athletic.

El parque, ubicado en el barrio de Saavedra y con más de cuarenta años de historia, se inauguró en 1981 como el espacio deportivo más grande de la Ciudad. Hasta la fecha, alrededor de doce hectáreas, equivalentes al 17.2 por ciento de su extensión total, están concesionadas. Belgrano Athletic y Locura Deportiva ocupan conjuntamente 8.7 hectáreas.

Las demás concesiones están divididas entre la Asociación de Ciclismo de Buenos Aires y Tenis Carminatti, dirigido por el exentrenador de Gabriela Sabattini, Omar Galdino Carminatti. Las canchas de tenis suman 17 en total, distribuidas en tres áreas del parque, dos al aire libre y una cubierta. Por otro lado, la Asociación de Ciclismo cuenta con una pista de bicicross en la parte sur del espacio verde.

La concesión de Belgrano Athletic está actualmente en medio de un conflicto judicial. En octubre de este año, el Club Social y Deportivo Zavaleta presentó una acción de amparo ante la Justicia buscando invalidar el «permiso de uso precario y oneroso» otorgado al club de rugby. Esta acción fue respaldada por el legislador porteño de Unión por la Patria, Claudio Morresi, quien había denunciado la concesión a fines de 2020.

En 2021, la administración porteña aprobó un plan de inversión presentado por Belgrano Athletic, el cual incluía obras a realizarse en un plazo de 180 días. Sin embargo, los residentes afirman que no se llevaron a cabo mejoras y que tampoco recibieron respuestas a las solicitudes de información pública al respecto. Desde 2013, está prevista la construcción de un segundo reservorio de agua en el parque como parte del plan hidráulico porteño, pero hasta ahora no se ha ejecutado.
La Inspección General de Justicia (IGJ) ha solicitado la «inmediata disolución y liquidación» de Locura Deportiva S.A. El pedido de anulación se fundamenta en diversas irregularidades denunciadas por la Inspección, como la «insuficiencia y falsedad» de los estados contables y la «ausencia de una sede social efectiva» de la entidad, lo cual llevó al organismo a concluir que se trata de una sociedad «ficticia». Battaglia, actualmente aliado de Mauricio Macri en la disputa interna de Boca, está a cargo desde 2019 de un complejo que consta de trece canchas de fútbol, y hace unas semanas el GCBA le concedió otro terreno para la construcción de canchas de pádel dentro del parque, las cuales podrá explotar durante un período de cinco años.

La pesquisa sobre la entidad fue instigada de oficio por la IGJ el pasado 9 de noviembre, después de que se hicieran públicos los resultados de la licitación pública mediante la cual el GCBA otorgó la concesión de los dos terrenos a la empresa de Battaglia, totalizando 2.2 hectáreas. Según lo indicado en la resolución de 22 páginas, firmada este lunes por Ricardo Nissen, la creación de Locura Deportiva se remonta a 2018 y tiene como presidente al exfutbolista y entrenador de Boca, quien comparte la propiedad con otros dos socios accionistas: Ariel Stolar y Marcelo Wanshelbaum.

La primera irregularidad señalada por la Inspección es la omisión en la presentación del pago de tasas anuales y de los estados contables de la compañía. Según se detalla en la resolución, desde su establecimiento, la sociedad no ha presentado ninguno de estos documentos, motivo por el cual la IGJ requirió a Battaglia que entregara la documentación correspondiente. Esta solicitud reveló una segunda irregularidad, ya que al notificar en el domicilio de la sede social declarada por la empresa, ubicado en un departamento en la calle Jaramillo, barrio de Núñez, los inspectores descubrieron que el lugar estaba alquilado a un tercero.

En la resolución se encuentran las expresiones del empleado de seguridad que recibió a los inspectores en la entrada del edificio: «Reside el arrendatario y no el propietario del inmueble», comentó el hombre acerca del departamento en cuestión, añadiendo que no tenía conocimiento de la empresa mencionada. No obstante, la IGJ pudo verificar a través del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad que, de hecho, el domicilio es propiedad de Battaglia. Ante este hallazgo, la Inspección solicitó a la empresa que presentara el contrato de arrendamiento y aclarara si, efectivamente, su sede social había cambiado desde 2018 hasta la fecha.

En la resolución emitida este lunes, se consigna que la firma no proporcionó ningún contrato y que «no se evidencia que Locura Deportiva haya modificado su sede social a pesar del alquiler a terceros del lugar». La resolución sobre la empresa sostiene: «Nadie puede establecer contacto con ella, ni tampoco localizarla en algún sitio». A raíz de todo esto, la IGJ concluyó la «ausencia de una sede social efectiva», lo cual «sugiere que la sociedad no lleva a cabo ninguna actividad, hecho respaldado por la información contenida en los documentos contables presentados por la mencionada sociedad».

El 16 de noviembre, una semana después de la primera comunicación de la Inspección, la Sociedad Anónima (S.A.) finalmente realizó el pago de las tasas anuales y presentó las memorias de los estados contables de la empresa. Respecto a las tasas, la resolución señala que todas fueron abonadas después del inicio de la investigación. En cuanto a los estados contables, fueron objeto de una atención especial por parte de la IGJ. El Departamento de Control Contable de Sociedades Comerciales evaluó dichos estados y, el 23 de noviembre pasado, emitió un dictamen con una lista de nueve irregularidades, concluyendo que las memorias «no cumplen ni remotamente con lo establecido por el Artículo N°66 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales».

En primer lugar, el Departamento señaló que «carecen de la firma del representante legal de la sociedad». Algunos cuentan con la firma del contador, según la resolución, pero con fecha del 16 de noviembre de este año. El dictamen también destaca que todos los estados fueron presentados fuera de plazo, que la memoria del año 2021 no fue entregada y que en las memorias de 2018 y 2019 «no se detallaron los costos/gastos inherentes a la constitución de la sociedad». En la memoria de 2020 tampoco figuran gastos, costos, impuestos o tasas. El Departamento concluyó que lo presentado son «simplemente documentos carentes de firma y de validez jurídica alguna».