Casi como una verdad evidente. A unas pocas horas de la elección que llevó a Javier Milei a la presidencia de la Nación, su discurso de liberalización de los precios en la economía y la reducción del papel del Estado en la gestión de los conflictos relacionados con precios y salarios provocó un aumento generalizado en los costos de los alimentos. Los fabricantes de productos básicos enviaron a los grandes supermercados listas con incrementos de precios de hasta el 50 por ciento.

«Es un gobierno saliente, no podemos negociar con ellos», expresó un representante de una de las empresas consultadas por este medio, anticipando un cambio de clima. Una situación similar se observó en las negociaciones de los acuerdos de precios de los medicamentos, donde los laboratorios esperan que Milei libere por completo los valores. Se estima que esta resistencia empresarial en anticipación a la total liberalización de precios propuesta por Milei tendrá un impacto significativo en la situación de los precios hacia fin de año. De hecho, en la Secretaría de Comercio, algunas empresas admitieron que «estamos fijando precios basados en el valor del dólar futuro».

No obstante, en este escenario, el ministro de Economía, Sergio Massa, instruyó a su equipo a realizar reuniones de urgencia con los formadores de precios para frenar los aumentos excesivos y negociar la transición. Según relatan en su entorno, la frase que empleó fue: «Si Milei quiere liberar todos los precios, que lo haga después del 10 de diciembre, porque eso perjudica a la gente». En consonancia con esta postura, ya se llevó a cabo una reunión con grandes supermercados para evitar el impacto de las subidas hasta el 10 de diciembre, intentando aplicar incrementos menores. Además, no ayuda que el presidente electo, según la opinión de los empresarios, aún no haya designado a un ministro de Economía ni tenga un referente claro en materia de precios.

Fuentes del ámbito comercial indicaron a este periódico que las grandes empresas del sector de consumo masivo han implementado aumentos que oscilan entre el 10 y el 50 por ciento. Las compañías que aplicaron estas subidas son las siguientes: Mastellone, productora de la leche La Serenísima, anunció un incremento del 50 por ciento, al igual que la empresa de productos de higiene personal Colgate. La multinacional Unilever, fabricante de productos de limpieza y alimentos, aplicó aumentos del 40 por ciento, mientras que Arcor notificó incrementos de hasta un 35 por ciento. Procter and Gamble incrementó un 30 por ciento, mismo porcentaje que la empresa estadounidense Mondelez. Por su parte, Coca Cola envió una lista con aumentos de hasta el 35 por ciento.

Las empresas argumentan a los supermercados que se acerca el fin de los acuerdos de precios, ya que Milei, el presidente electo, ha comunicado que ese sistema ya no estará en vigencia. Estos acuerdos incluyen no solo a Precios Justos, sino también a convenios que abarcan el congelamiento y los incrementos graduales en otros sectores, como combustibles, carnes, verduras y medicamentos.

En el caso de los fabricantes de alimentos agrupados en la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), otra razón es que la liberalización de precios propuesta por Milei les permitirá compensar, finalmente, los márgenes de ganancia que estaban cediendo al mantener precios mucho más bajos en los hipermercados que en los locales de barrio y almacenes. Al mismo tiempo, muchos anticipan que se avecina un dólar más elevado y están ajustando los precios mientras limitan las entregas.

De todas maneras, a pesar del anuncio de los incrementos, la Secretaría de Comercio ha iniciado una suerte de transición de precios con el objetivo de calmar las tensiones hasta que asuma Milei. Fuentes gubernamentales confiaron a este periódico que en las últimas horas mantuvieron reuniones con empresarios de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), fabricantes de alimentos y otros sectores que forman parte de Precios Justos, como indumentaria, calzado, línea blanca y textiles.

La cuestión es que los acuerdos de Precios Justos vencen en noviembre y las empresas no desean renovarlos porque esperan la implementación de precios libres. En este escenario, el secretario Matías Tombolini propuso negociar, sin formalizar un nuevo acuerdo, un aumento autorizado del 5 por ciento a aplicarse de inmediato y un incremento del 8 por ciento a partir del 4 de diciembre.

En principio, las empresas están evaluando la propuesta. Además, al Gobierno le preocupa la cuestión del abastecimiento, ya que la falta de un precio acordado está llevando a que se retenga la mercadería hasta el periodo posterior al cambio de gobierno.