Enfermeros y enfermeras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se movilizaron este miércoles hacia la sede de la Cámara de Apelaciones porteña, la cual se encuentra encargada de tomar decisiones acerca del reconocimiento profesional de la carrera de enfermería. A principios de este mes se conmemoró el primer aniversario del dictamen de la Justicia de primera instancia que concedió tal reconocimiento. No obstante, la Cámara aún no ha emitido un veredicto sobre la apelación presentada por el Gobierno porteño, a pesar de las audiencias previas entre las partes. Los profesionales de enfermería denuncian maniobras judiciales por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) para dilatar la resolución y solicitan al futuro jefe de Gobierno, Jorge Macri, que promueva el reconocimiento a través de vías políticas al asumir su cargo.
La manifestación fue liderada por la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) y tuvo lugar a partir de las 12:30 de este miércoles en la dirección 932 de Hipólito Yrigoyen, sede del Poder Judicial porteño que alberga las cuatro salas de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad. «Hace un año, la Dra. Patricia López Vergara emitió un fallo a favor de enfermería. Un año después, la Sala N°2, bajo la presidencia del Dr. Marcelo López Alfonsín, aún no ha llegado a una resolución sobre la apelación presentada por el Gobierno de Larreta», señaló Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y presidenta de ALE, al dirigirse a la multitud.
En realidad, el 4 de noviembre pasado se conmemoró un año desde el histórico dictamen que respaldó a los profesionales de enfermería en su larga reivindicación. «Se ha demostrado que la Licenciatura en Enfermería constituye una profesión universitaria», expresó López Vergara, a cargo del Juzgado N°6 del mismo ámbito, al resolver un conflicto legal iniciado por un recurso de amparo presentado por ATE-Capital. En ese momento, la jueza añadió que dicha licenciatura «cumple con los requisitos establecidos en el Artículo N°5 de la Ley N° 6.035 para integrar la Carrera de Profesionales». Dicha ley, sancionada por el oficialismo en 2018, buscaba reconocer a más de veinte carreras dentro del ámbito profesional de la salud, excluyendo a la enfermería.
La jueza instruyó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a asegurar los procedimientos necesarios para incorporar a la enfermería en la ley. Hasta que se cumpliera con esta instrucción, la administración porteña debía «aplicar el régimen establecido en la Carrera de Profesionales de la Salud, es decir, equiparar en términos de las condiciones laborales contempladas en dicha carrera». Esto abarcaba la igualación salarial, el pago por antigüedad, las vacaciones y las licencias, entre otros aspectos. El fallo fue impugnado por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y desde entonces la decisión se encuentra en manos de la Sala N°2.
«Hace medio año, nos citaron a una audiencia de partes, y nuestra argumentación fue contundente: nuestra formación es equivalente a la de otros profesionales en el mismo hospital y en los mismos servicios», afirmó Ramírez respecto a la última audiencia judicial convocada para los sindicatos y el GCBA, a principios de mayo de este año. La enfermera señaló que, al quedar excluidos de la legislación vigente, los profesionales de enfermería «percibimos el 50 por ciento del salario, carecemos de acceso a formación en servicio, no obtenemos el beneficio del 2×1 por haber trabajado durante la pandemia, cumplimos con jornadas laborales más extensas, somos evaluados con criterios destinados al personal administrativo, y adicionalmente, estamos sujetos a un régimen jubilatorio diferente».
En la resolución de primera instancia, López Vergara examinó los recibos de sueldo de los profesionales de enfermería en comparación con los trabajadores reconocidos como profesionales de la salud. «Al analizar las sumas mencionadas, se observa que para el primer nivel inicial hay una disparidad de 49,274 pesos», indicó López Vergara, tomando cifras de noviembre del año pasado. Además, los profesionales trabajan una hora menos por día que los enfermeros, por lo que, según la jueza, «reciben un salario mayor por una menor cantidad de horas laboradas». El sector de enfermería tampoco tiene acceso a licencias por capacitación, estrés laboral o mudanza.
En medio del litigio judicial, los profesionales de enfermería también han señalado que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lleva a cabo «tácticas» dilatorias dentro del marco de la causa para aplazar la toma de decisiones. «Como si todo lo anterior no fuera suficiente, la sala nos notifica hace días que ‘suspende’ cualquier resolución porque el Gobierno de la Ciudad le informó sobre reuniones con SUTECBA y otros sindicatos que no representan a la enfermería, indicando que ‘estarían progresando en mejoras para nuestro sector’. Es claramente un intento de retrasar todo», indicó Ramírez.
El GCBA ya había presentado un proyecto alternativo dentro de la causa, denominado Carrera de Profesionales de Enfermería, un plan que ofrece incentivos y capacitación, pero que los sindicatos involucrados en la causa rechazan. «Hoy, el Dr. Alfonsín salió de su oficina y se comprometió a avanzar. Nosotros ya estamos cansados de tantos desplantes», advirtió la enfermera del Hospital Ramos Mejía. El próximo martes, en el marco del Día Nacional de la Enfermería, los profesionales de enfermería marcharán desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo para expresar sus demandas.
Desde la ALE también anticiparon que instarán a Jorge Macri a que asegure el reconocimiento a través de la vía política, «ya que durante la campaña afirmó que atendería la demanda de nuestro colectivo». Más allá del proceso judicial, el oficialismo porteño podría resolver el reconocimiento presentando un proyecto de ley en la Legislatura en ese sentido o aceptando discutir alguna iniciativa presentada por la oposición en los últimos años.