Después de la negativa de la oposición y de las agrupaciones de recicladores urbanos, el oficialismo retiró de la sesión de este jueves el proyecto de modificación del Régimen de Faltas en el espacio público. La propuesta original, que ya tenía dictamen de comisiones, incluía sanciones de más de cien mil pesos a las personas que retiraran o manipularan residuos de los contenedores de la vía pública y hasta una sección con sanciones significativas por «deterioro de la higiene» en situaciones de manifestación. La Federación de Recicladores, que había convocado una movilización para este jueves, celebró finalmente la noticia y destacó que la retirada del proyecto se logró «gracias a la lucha».
La noticia que circulaba entre los parlamentarios y parlamentarias durante la noche del miércoles, después de la reunión de labor parlamentaria para la sesión del jueves, era que el oficialismo eliminaría del proyecto el apartado objeto de controversia. Se refería al artículo 30, que pretendía agregar al Régimen un inciso relacionado con la «Manipulación de contenedores o lugares de disposición de residuos sólidos urbanos ubicados en espacios públicos». El artículo imponía sanciones de más de cien mil pesos y la «obligación de llevar a cabo acciones de restauración ecológica» para aquellos que «manipularan y/o extrajeran materiales de los lugares de disposición de residuos sólidos urbanos ubicados en espacios públicos»
En la mañana del jueves, algunas horas antes de la sesión, la información se modificó y diversas fuentes parlamentarias ya confirmaban a este periódico que el bloque de Vamos Juntos (VJ) eliminaría del orden del día la totalidad del proyecto, que contenía 92 modificaciones al Régimen propuestas por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbano, dirigido por Clara Muzzio, la futura vicejefa de Gobierno de Jorge Macri. Tanto es así que las agrupaciones que habían convocado a manifestarse frente a la Legislatura cancelaron la marcha al conocer la noticia. Finalmente, fue el líder del bloque del oficialismo, Diego García Vilas, quien solicitó que el proyecto se mantuviera en reserva para concluir una sesión que duró poco más de una hora.
«Se volteó gracias a la lucha» declararon desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) después de que se confirmara la retirada, a la que consideraron un «logro». La Federación fue uno de los principales entes que se opusieron al proyecto desde que obtuvo aprobación en la Comisión de Justicia de la Legislatura, dirigida por la diputada de la Unión Cívica Radical, María Inés Parry.
El viernes anterior, durante la reunión en la que se ratificó dicho dictamen, delegados de diversas asociaciones de recuperadores de materiales reciclables estuvieron presentes para rechazar la propuesta. Desde entonces, iniciaron un programa de movilización que abarcó una jornada de protesta frente a la Legislatura, asambleas en varios puntos de trabajo y una rueda de prensa en la sede de la UTEP en el barrio de Constitución. La federación también se oponía al incremento del 400 por ciento en las sanciones impuestas a quienes venden en la calle sin autorización.
«Somos conscientes de que el verdadero propósito del proyecto es intensificar la persecución tanto de los recuperadores formales del sistema de reciclaje como de los informales», advirtieron en un comunicado en relación a la propuesta. «¿Cómo es posible que las autoridades de cualquier lugar tengan la facultad de sancionar a una persona que revisa un contenedor, ya sea en busca de materiales reciclables, alimentos o ropa?», cuestionaron, y demandaron que «el proyecto sea debatido ante la sociedad, a través de audiencias públicas, reuniones de asesores y consultas al Poder Ejecutivo».
Sin embargo, el artículo relacionado con los contenedores no fue el único que generó la oposición de varios sectores. El Artículo N°83, referente al «deterioro de la higiene y daño al espacio público», también provocó un fuerte debate, ya que establece sanciones económicas que oscilan entre nueve y cincuenta millones de pesos para el «titular y/o responsable» de cualquier «actividad, empresa, proyecto, campaña publicitaria y/o manifestación» que cause daños a «los espacios públicos, sus instalaciones y/o elementos, ya sean muebles o inmuebles, o que afecte la higiene, o que impida su utilización por otras personas».
Este apartado fue especialmente cuestionado por las fuerzas políticas que forman parte del Frente de Izquierda, quienes argumentaron que busca «penalizar la protesta social con multas millonarias». La diputada Vanesa Gagliardi, representante de dicho espacio, presentó una observación al proyecto en la que alertaba que esta medida constituye «otro intento de estigmatizar y perseguir a quienes se oponen a las políticas gubernamentales en defensa de sus derechos». «Estaremos vigilantes de lo que ocurra en los próximos días, ya que la retirada de esta propuesta revela una postura hostil hacia los menos favorecidos y profundamente represiva», expresó la legisladora tras la sesión.
Con la exclusión del proyecto del orden del día, la única propuesta que se debatió en el recinto, además de las declaraciones, resoluciones y solicitudes de informes, fue la modificación de la Ley de Economía del Conocimiento de la Ciudad. La nueva normativa introduce una «adaptación de los incentivos fiscales» al establecer un límite del 10 por ciento por beneficiario y un límite global en el «alivio fiscal», que ya estaba contemplado en la ley original para las empresas. La ley fue aprobada con el respaldo del oficialismo, la abstención del Frente de Todos y la oposición del FIT.