Victoria Villarruel generalmente omite mencionar un libro en el que colaboró con un individuo que se encuentra detenido por crímenes de lesa humanidad. El título de la obra es «La nación fragmentada: Argentina después de los acontecimientos de los años setenta». El editor de la obra es Alberto Jorge Crinigan, un exoficial de inteligencia del Batallón 601 que actualmente enfrenta un juicio en La Plata por cargos de secuestro y desaparición forzada en el Regimiento 7.

En el año 2019, cuando aún no existía La Libertad Avanza (LLA) ni la posibilidad de convertirse en candidata a la vicepresidencia, Villarruel contribuyó con un artículo en un libro editado por Crinigan junto a Guillermo Palombo y Santiago Sinopoli. Palombo y Sinopoli también son autores de otra publicación que sostiene que los juicios por crímenes de lesa humanidad son actos de venganza.

Crinigan tiene un historial en la inteligencia del Ejército, habiendo sido oficial de inteligencia (S2) en el Regimiento 7 de La Plata. En 1978, completó el Curso de Inteligencia del Ejército y luego fue destinado a Mar del Plata antes de unirse al Batallón 601. Inicialmente, el juez Claudio Bonadio lo detuvo por su posible implicación en los secuestros y desapariciones de militantes montoneros que participaron en la Contraofensiva. Cuando declaró ante el juez Ariel Lijo, evitó presentarse como una persona de acción y afirmó que, en realidad, se dedicaba al análisis de inteligencia.

Dentro del libro que coedita con Villarruel, Crinigan caracteriza los eventos ocurridos en Argentina como un «conflicto revolucionario» y sostiene que las personas afectadas no eran jóvenes idealistas. El militar retirado, quien actualmente cumple arresto domiciliario y enfrenta un juicio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, argumenta en su artículo que se trata de un conflicto oculto y que sus repercusiones son las que nos impiden avanzar hacia la grandeza como nación.

Tanto Villarruel como Javier Milei hacen referencia a un «conflicto» y rechazan la existencia del terrorismo de Estado. La candidata actual a la vicepresidencia de LLA, en su contribución al libro, repite sus argumentos habituales:

Victoria Villarruel suele evitar referirse a un libro que publicó en coautoría con un detenido por crímenes de lesa humanidad. La obra se llama La nación dividida: Argentina después de la violencia de los ‘70. El compilador es Alberto Jorge Crinigan, un exoficial de inteligencia del Batallón 601 que actualmente está siendo enjuiciado en La Plata por secuestros y desapariciones en el Regimiento 7.

En 2019, cuando no existía ni La Libertad Avanza (LLA) ni la posibilidad de ser candidata a vicepresidenta, Villarruel publicó un artículo en un libro que compilaban Crinigan con Guillermo Palombo y Santiago Sinopoli. Palombo y Sinopoli son también autores de otra publicación que dice que los procesos de lesa humanidad son juicios-venganza.

Crinigan es un cuadro de la inteligencia del Ejército. Fue S2 (oficial de inteligencia) del Regimiento 7 de La Plata. En 1978, hizo el curso de Inteligencia de Ejército. Después de eso, lo mandaron a Mar del Plata y se incorporó al Batallón 601. El juez Claudio Bonadio inicialmente lo detuvo por su posible intervención en los secuestros y desapariciones de los militantes montoneros que participaron de la Contraofensiva. Cuando declaró ante el juez Ariel Lijo, evitó mostrarse como un hombre de acción y dijo que, en realidad, él se dedicaba al análisis de la inteligencia.

(Crédito: Lilium Ediciones)
En el libro que comparte con Villarruel, Crinigan define lo sucedido en la Argentina como una “guerra revolucionaria” y afirma que las víctimas no fueron jóvenes idealistas. “Es una guerra oculta y sus consecuencias, las que nos impiden ser una gran nación”, afirma en su artículo el militar retirado, que actualmente está en prisión domiciliaria y siendo enjuiciado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata.

La «guerra» de Villarruel contra Carlotto y Bonafini
Tanto Villarruel como Javier Milei hablan de una “guerra” y niegan que haya existido el terrorismo de Estado. La actual candidata a vice de LLA, en el escrito que figura en el libro, incurre en sus habituales letanías:

# Que Raúl Alfonsín debió haber conformado una comisión para investigar al “terrorismo” cuando creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)

# Que hay víctimas de primera y de segunda

# Que no deberían haber convenios entre Abuelas de Plaza de Mayo y Paka Paka para difundir contenidos sobre el derecho a la identidad o que Hebe de Bonafini no debió haber tenido un programa en la TV Pública.

# Que las organizaciones de derechos humanos fueron creadas para “continuar la guerra por otra vía”.

Villarruel no hace demasiados esfuerzos por ocultar su desdén hacia las líderes del movimiento de derechos humanos, como Estela de Carlotto o la ya fallecida Hebe de Bonafini, a quienes ha etiquetado como «madres de militantes» o figuras ominosas. En el libro, critica a Abuelas de Plaza de Mayo. «Para gran parte de la clase política y los medios de comunicación, la Sra. Carlotto y su organización merecen un reconocimiento que es un premio para aquellos que han contribuido a la paz en sus naciones y en el mundo. Pero esa no ha sido la función principal de esta entidad, sino que ha sido uno de los principales instrumentos utilizados por el sector de las organizaciones armadas para desviar la atención de los crímenes atroces que cometieron en nombre de la revolución», expresó la abogada. No califica de la misma manera los crímenes atroces, las torturas, los «vuelos de la muerte» ni el secuestro de niños y niñas.

Otro de los autores del libro es el jurista Alfredo Vítolo, quien anteriormente desempeñó el cargo de asesor en la Secretaría de Derechos Humanos durante la gestión de Claudio Avruj. En 2016, Avruj casualmente le concedió una entrevista a Villarruel en su despacho en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (exESMA), lo que marcó un punto de partida para su entrada en la política de alto nivel y sus apariciones en el programa Intratables. Vítolo fue el candidato propuesto por el gobierno de Mauricio Macri para representar a Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque finalmente retiró su postulación. Algunos sospecharon que tuvo un papel en la reunión que lograron organizar organizaciones pro-militares con los comisionados en 2018.

Durante el debate vicepresidencial, Villarruel justificó sus encuentros con figuras vinculadas a la dictadura, como el dictador Jorge Rafael Videla, basándose en sus libros («Los llaman jóvenes idealistas» y «Los otros muertos»). Sin embargo, rara vez menciona su participación en la obra que compiló Crinigan, quien ya había sido procesado por los jueces federales Manuel Blanco y Ernesto Kreplak en ese momento.