Aproximadamente la mitad de los hoteles y alojamientos familiares de la Ciudad de Buenos Aires presentan condiciones de aglomeración, mientras que en el 18 por ciento se registra un «aglomeración crítica», según un informe de la Defensoría del Pueblo porteña. Los lugares habitados por los sectores más desfavorecidos de la Ciudad también tienen altos niveles de precariedad estructural y deficientes condiciones de seguridad. El informe también advierte que la demanda en estos lugares ha ido en aumento debido a que la oferta de viviendas «se está volviendo cada vez más limitada y dolarizada» y a la «falta de políticas públicas efectivas que garanticen el acceso a la vivienda».
El estudio fue realizado por un equipo de la Defensoría liderado por Alejandro Lorences, director de Vivienda y Hábitat del organismo, y se llevó a cabo entre noviembre de 2022 y julio de 2023. Según se detalla en el informe final, la investigación surge como respuesta a la necesidad de conocer las «características y particularidades» de la vida en los hoteles, a los cuales la Defensoría «recibe denuncias diariamente de personas alojadas en ellos». Con este objetivo, el equipo seleccionó una muestra aleatoria de 91 lugares, concentrados principalmente en los barrios de las comunas 1 y 3, zonas representativas por la gran cantidad de hoteles y alojamientos familiares.
«Estos son establecimientos de diferentes tamaños, siendo el más pequeño de ellos con diez habitaciones y el más grande con 63, lo que da un promedio de 30 habitaciones por establecimiento y una mediana de 29», describe el informe en cuanto a la cantidad de plazas en los lugares examinados. «A pesar de que la mayoría de los administradores afirmaron que las habitaciones eran privadas, el promedio de personas por establecimiento es de 58, duplicando el promedio de habitaciones, lo que sugiere que la mayoría de las habitaciones son compartidas», continúa.
En ese contexto, el equipo de la Defensoría encontró que «un 45 por ciento de los establecimientos examinados presentan aglomeración», ya que en ellos residen dos o más personas por habitación. Este 45 por ciento se divide en un 27 por ciento de «aglomeración no crítica», es decir, «entre dos y tres personas por habitación», y un 18 por ciento de «aglomeración crítica», con más de tres personas por habitación.
Según los datos del último censo nacional, en la Ciudad viven alrededor de 38 mil personas en este tipo de establecimientos, una cifra que asciende a casi 80 mil si se incluyen los inquilinatos y conventillos. Los hoteles también son utilizados por personas en situación de calle que «entran y salen» según puedan o no costear la habitación, que, según el informe, tenía un costo promedio de 45 mil pesos mensuales en junio de este año.
«Los residentes en habitaciones de hotel y alojamientos familiares se caracterizan por tener condiciones de vida precarias: residen en situaciones de aglomeración, tienen altos niveles de desempleo e inactividad, acceden a la atención médica a través de hospitales públicos ya que carecen de seguro médico privado, tienen un nivel educativo menor que la población general de la Ciudad y una menor asistencia escolar en el caso de los niños», detalla el informe.
En este sentido, el equipo de la Defensoría también evaluó algunas variables de las condiciones de habitabilidad, divididas en dos grandes categorías: condiciones edilicias y de seguridad. En cuanto a lo primero, el relevamiento arrojó que «los hoteles muestran signos de precariedad», ya que se encontraron problemas de humedad en el 46 por ciento de los casos, grietas o desprendimientos de mampostería en el 38 por ciento, condiciones de iluminación y ventilación inadecuadas en el 28 por ciento, y filtraciones de agua en el 26 por ciento.
El informe también alerta que en muchos de los establecimientos hay problemas relacionados con la seguridad. «El 55 por ciento de los establecimientos no cuenta con tableros eléctricos debidamente identificados o en condiciones de seguridad adecuadas», señala, y agrega que «se observaron deficiencias significativas en la prevención de caídas desde altura, dado que el 43 por ciento de los establecimientos tienen balcones sin la debida protección y el 53 por ciento carece de ventanas adecuadamente aseguradas».
«El aumento de la demanda de viviendas que experimenta la Ciudad se vincula con el aumento de la pobreza y la falta de políticas públicas efectivas que garanticen el acceso a la vivienda», sostiene la Defensoría sobre la situación actual, con una oferta que «cada vez está más limitada y dolarizada». «El Gobierno de la Ciudad tiene la responsabilidad de desarrollar políticas sociales con el objetivo de abordar progresivamente el déficit habitacional y garantizar el derecho a la vivienda», concluye el informe.